Fiscalía enjuicia a excoronel y a otros 4 militares como presuntos implicados en “falsos positivos”
Un coronel retirado del Ejército Nacional y otros 4 uniformados fueron imputados de cargos por la Fiscalía General de la Nación por su presunta implicación en los llamados “falsos positivos”, en los que fueron asesinados 6 campesinos a sangre fría para luego ser presentados como guerrilleros muertos en combate.
Los enjuiciados son el coronel retirado Javier Alberto Vallejos Delgado; el sargento segundo retirado Sergio Ramírez Murillo y los exsoldados José Johan Castro Bustos, Rafael Antonio Rincón y Maryó Martínez Mora, quienes, sin embargo, no aceptaron el cargo de homicidio en persona protegida.
Los procesados deberán responder como posibles coautores del homicidio de seis personas en hechos ocurridos en la finca Los Mangos de la vereda Potreritos, municipio de Ibagué (Tolima), el 28 de febrero de 2008.
El ente acusador les endilgó cargos por los delitos de h
omicidio en persona protegida, en concurso con falsedad ideológica en documento público.
Según la investigación, el desmovilizado del ELN Luis John Castro Ramírez, conocido como el Zarco, rindió declaraciones bajo juramento en las que indicó que era el encargado de reclutar a las víctimas, por encargo de los miembros de inteligencia del batallón Jaime Roke.
“Debía hacer el montaje de los supuestos secuestros o cobros ilegales, mientras que la tropa daba de baja a estas personas”, sostuvo el fiscal al realizar la imputación.
Agregó el delegado fiscal que “para tal fin, el alto mando militar emitía las órdenes de registro y control con inconsistencias, versión coherente con la información entregada a la Fiscalía por el reclutador desmovilizado Castro Ramírez, quien afirmó que llevaban a la gente como carne de cañón”.
En este caso, señala la investigación, el crimen lo certificaron con el argumento de que se impidió el supuesto secuestro de un ganadero llamado Jacinto Torres Arias en la vereda Potreritos, antes mencionada.
“Se utilizaron todas las herramientas del Estado, uniformes, ordenes de registro, armas e inteligencia para quitarle la vida a civiles, ajenos al conflicto, quienes son protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”, argumentó el fiscal.
Al mismo tiempo, los procesados firmaron un acta en la que mostraron su voluntad de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, por considerar que estos hechos fueron con ocasión del conflicto.
“Están comprometidos a comparecer con las autoridades, a no salir del país, y a colaborar con información importante que esclarecer la investigación”, precisó el fiscal adscrito a Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General.