Según Transparencia por Colombia Alcaldía de Valledupar, en riesgo alto de corrupción
Según el más reciente informe del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, ITEP, que realiza la Corporación Transparencia por Colombia, las alcaldías del país tienen un 60% de riesgo de corrupción. Y, la mayor alerta la presentan las alcaldías de Valledupar, Mocoa y Cúcuta.
La medición, que es la octava realizada para la medición de niveles de transparencia e identificación de riesgos de corrupción evaluó a 167 entidades: 75 nacionales, 32 gobernaciones, 32 contralorías y 28 alcaldías de ciudades capitales, de las analizadas, ninguna alcanza el nivel bajo de corrupción, al contrario, reflejen una alerta por los altos índices y los niveles críticos de corrupción.
El estudio revelado este 26 de abril, da a conocer que las alcaldías tienen un riesgo alto de corrupción con un 60%, las contralorías con un 50%, las gobernaciones con un 40 por ciento y las entidades nacionales con un 19%.
Tres entidades del Estado revelan alto índice de corrupción: el Ministerio de Justicia, el ministerio de Transporte y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En cuanto a las gobernaciones, el estudio arrojó que el flagelo de la corrupción campea los departamentos más pobres del país: La Guajira, Chocó y Guainía.
Dicho informe también midió el riesgo de las superintendencias, departamentos administrativos, las Fuerzas Armadas y los distintos órganos que componen las tres ramas del poder público.
El estudio
El ITEP no mide hechos de corrupción, sino dice el riesgo en el que se encuentran por su baja capacidad de entregar información pública (visibilidad), bajo desarrollo de procesos y procedimientos administrativos para la toma de decisiones y su ejecución (institucionalidad) y la inoperancia de los controles a la gestión, tanto el control social como el control institucional, ya sean estos externos o internos (control y sanción). El índice de visibilidad consiste en la divulgación de información pública, información de gestión administrativa, gestión presupuestal y financiera, trámites y servicio al ciudadano. La institucionalidad, mide las políticas y estrategias de las instituciones para luchar contra la corrupción, la gestión de la planeación, los comportamientos éticos, la contratación y el control fiscal. Finalmente, el control y la sanción, busca calificar el sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, la forma en la rendición de cuentas, el diálogo con la ciudadanía, el control institucional y el control interno disciplinario.