La ilegalidad le ganó la pelea a la autoridad: 20 gasolineras en Valledupar cerrarán por el contrabando
Valledupar, enero 31 de 2012. (www.elpaisvallenato.com) A partir de la próxima semana 2.500 personas en Valledupar ingresarán a la larga lista de desempleados, ante el cierre de 20 estaciones de servicios que las quebró el contrabando de combustible venezolano y la incapacidad del Estado para contrarrestar la acción delictiva de los comercializadores ilegales, según denuncia de los propietarios.
“La semana próxima, una vez hayan agotado las existencias de combustible no habrá más ventas en las estaciones de servicios”, dijo Aristóbulo Cortés, administrador de una gasolinera.
El sector de los combustibles se vino a pique como consecuencia del contrabando de gasolina y acpm procedentes de Venezuela, pese a que el gobierno nacional anunció en mayo de 2011 que crearía unas estructuras que tendrían la misión de combatir y desarticular las redes de traficantes que actúan con el apoyo de la guerrilla y las bandas criminales.
Los propietarios de estaciones de servicio denunciaron que la comercialización ilegal de combustible tomó mayor auge evidenciando la incapacidad del Estado para neutralizar una actividad que llevó a la quiebra a un sector de la economía, que hace cuatro años generaba cerca de 12 mil millones de pesos en sobretasa a la gasolina al Municipio de Valledupar. El año anterior por este concepto no se llegó a los 3 mil millones de pesos.
“Las consecuencias de un contrabando que avanza en línea ascendente y del inminente cierre de las gasolineras, se verán reflejadas en el desequilibrio social y la inestabilidad administrativa de los municipios que se sumarán al cierre de estos establecimientos”, subrayó Cortés.
El desabastecimiento de combustible en Valledupar y, posteriormente, en todo el Cesar, ocasionará traumatismos en las instituciones oficiales, las cuales deben aprovisionarse únicamente de gasolina y acpm legal. Las alcaldías, hospitales, policía, ejército, fiscalía, colegios y cuerpo de bomberos, entre otros, sentirán el rigor de la escasez de los carburantes.
De acuerdo con los cálculos de los propietarios y administradores, habrá existencia de gasolina y acpm sólo hasta la semana próxima. “Con esta medida, queremos llamar la atención del Estado, que tiene el deber de brindarnos soluciones y garantías para ejercer una actividad productiva”, dijo Aristóbulo Cortés.
Un problema social
Mientras el contrabando de la gasolina es mirado como un problema social por parte de las autoridades para buscar la solución, se deja a un lado otro problema social que ocasiona la venta ilegal de combustible reflejado en la deserción escolar, las muertes de pimpineros y la contaminación del ambiente. En el municipio de La Paz, mayor receptor de gasolina venezolana, no funcionan las estaciones de servicios y es tanto el monopolio que se dan el lujo de apoyar a políticos en las elecciones. Las dos gasolineras existentes están cerradas.
La misma situación se vive en el municipio de Codazzí. De ocho estaciones legales, solo funcionan dos, seis cerraron sus puertas por el mismo fenómeno ilegal.
Pero esta crisis no solo se siente en el Cesar; Magdalena y Guajira presentan el mismo problema, al punto que los distribuidores de combustible se organizaron en una asociación denominada CEMAGUA, que busca que el Gobierno Nacional le ponga freno al contrabando que está acabando con la legalidad en estos tres departamentos.