El representante Pedro Muvdi Arangüena exigirá al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, la intervención del Gobierno Nacional para restaurar las condiciones de seguridad en el departamento.

La solicitud la hará durante el consejo de seguridad que presidirá este sábado en Valledupar el jefe de esa cartera en la sede del Batallón de Ingenieros General Manuel Alberto Murillo González.

Para el representante liberal, Pedro Muvdi Arangüena, los 141 homicidios que han reportado este año las autoridades en el Cesar   63 de ellos en Valledupar-, son el testimonio incontrovertible de que las estructuras o bandas criminales aún tienen sitiado al departamento.

Pero, más allá de la alarmante tasa de criminalidad que registra el Cesar con corte al 9 de agosto de 2012, la preocupación de Muvdi Arangüena se concentra en la esterilidad de las acciones que han emprendido las autoridades locales para someter a los antisociales y a toda organización delictiva.

Muvdi afirmó que frente a ese panorama y esas estadísticas, resulta insustancial e inaceptable la reiterada respuesta que las autoridades en el Cesar entregan cada vez que se produce un homicidio.  “Se les ha vuelto costumbre afirmar que detrás de cada muerte violenta hay un ajuste de cuentas como móvil o causa principal, pero no anuncian una sola medida o acción para neutralizar a los autores de los crímenes”, advirtió.

La pasividad de quienes tienen eldeber constitucional de blindar los derechos ciudadanos – añadió -, hacen pensar que las organizaciones criminales encuentran en el Cesar, particularmente en Valledupar, un paraíso donde el llamado ajuste de cuentas está permitido. 

Muvdi Arangüena señaló que una prueba de los amenazadores niveles de inseguridad que preocupan de nuevo a los habitantes del  Cesar, son los artefactos explosivos activados por las denominadas bacrim en Aguachica, los crímenes y desplazamientos que ha provocado el negocio ilícito del combustible en La Paz, los homicidios de vigilantes y prestamistas y los asaltos y fleteos en Valledupar, las incursiones subversivas en diferentes puntos del departamento y hasta el demencial asesinato de una niña en La Jagua de Ibirico.

“Urgen mecanismos necesarios para generar  condiciones y acciones que garanticen la seguridad, tranquilidad y derechos ciudadanos de los cesarenses”, puntualizó.