Enfrenamiento entre propietario de lote y familia que vivió durante 27 años en el

Por Mary y Mosquera 

Valledupar, mayo 07 de 2008 (www.elpaisvallenato.com) José María Arroyo Márquez, quien vivió el desalojo del lote en el que vivía desde hace 27 años, instauró una acción de tutela en contra del propietario del mismo, José Feliz Lafourie.

El demandante quien bebido su avanzada edad delegó  a su hija Silvia Arroyo para que lo representara, basa la acción de tutela en que desde 1980 han vivido en el lote ubicado en la calle nueve número 7- 42 del barrio Navalito, donde presuntamente llegó en calidad de celador y cuidandero. 

Pese a que nunca ha pagado impuestos por el lote que reclama como suyo por el tiempo que vivió sin recibir pago, Arroyo Márquez, niega haber firmado un contrato, que según él, la contraparte hizo falsificando su firma del cual tampoco ha pagado canon de arrendamiento. 

La contraparte    

El abogado de José Feliz Lafourie, Laureano Vega Fuentes, manifiesta que cuando su apoderado compró el terreno donde se encuentra el lote, ya Arroyo Márquez, vivía en el y lo que hizo Lafourie, demostrando un gesto humanitario, fue no sacarlo de su propiedad, por lo que decidió hacerle un contrato de arrendamiento por valor de cinco mil pesos mensuales. 

Argumentó además el abogado que pidió el desalojo debido a que su apoderado había hablado con Arroyo Márquez y éste se había comprometido con firman un nuevo canon de arrendamiento, lo cual no cumplió.  

Dice el abogado Vega Fuentes, que "la orden de lanzamiento estaba para el seis de abril, la representante de Arroyo Márquez, su hija, me pidió aplazar la orden de desalojo un mes, quedando para el dos de mayo, pero debido a que era la semana del festival, la diligencia quedó para el seis de mayo y se dio cumplimento con la orden. El 29 de abril ellos presenta una acción de tutela", explicó Vega Fuentes. 

Del contrato el abogado dijo que se había pedito la prueba grafológica al CTI y éste había confirmado la veracidad de la misma.  

Queda pues a disposición del juzgado el fallo a favor o en contra de la familia que exige su derecho fundamental al debido proceso y  anunció demanda penal, administrativa y disciplinarias en contra de las personas que hicieron caso omiso a la orden emanada por la inspectora primera civil urbana de policía de Valledupar, en la cual según Silvia Arroyo, ordenaba detener la orden de lanzamiento.