Fiscal entregó a la JEP primeros informes sobre los crímenes de las Farc y agentes del Estado en conflicto armado
Con el propósito de poner fin de una vez y para siempre a los ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz sin impunidad, el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y la Vicefiscal María Paulina Riveros, entregaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los informes correspondientes a las investigaciones en curso, por los crímenes cometidos por las guerrillas de las Farc y agentes del Estado durante el conflicto armado.
Según el Fiscal Martínez Neira, con la entrega de estos informes se contribuye al conocimiento de las causas históricas del conflicto armado y se aportan elementos judiciales de alta importancia que permitirán establecer los niveles de participación de los señalados responsables y atender el clamor de las víctimas que reclaman sanción frente a las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.
Entre otras cosas, el Fiscal destaca que el informe “retrata una de las violaciones de derechos fundamentales más cruel e inhumana que tuvo lugar en el marco del conflicto armado de nuestro país”, como fue el secuestro de personas, el cual, subraya, “fue recurrente a través de los años, y siguió unos lineamientos explícitos de las Farc para financiar su expansión militar y potenciar su capacidad de negociación política”.
Además advierte que “fue un crimen que afectó de manera indistinta a hombres y mujeres inermes, ricos y pobres, campesinos e industriales, jóvenes y viejos, poderosos y débiles”.
Los primeros informes entregados a la presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares Prieto, y a la presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, Julieta Lemaitre Ripoll, corresponden al Inventario de casos relacionados con el conflicto armado, “Retención” ilegal por parte de las Farc y Victimización a miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado.
En el comunicado, la Fiscalía hace las siguientes precisiones
Alcance de los informes:
La Fiscalía General de la Nación le presenta a la JEP una caracterización de los delitos cometidos en el conflicto armado, teniendo en cuenta que el acuerdo final exige que los informes cumplan los siguientes parámetros:
- Ausencia de calificación de los hechos descritos.
- Limitaciones en la descripción de los fenómenos delictivos.
- Falta de individualización de responsabilidades.
- Argumentación sobre la relación de hechos individuales con el conflicto.
Detalle de los informes :
A continuación se presentan los informes entregados a la JEP:
Inventario de casos relacionados con el conflicto armado
El primero de los informes se centra en el universo de casos que tiene la Fiscalía registrados en: la Jurisdicción Penal Ordinaria (sistemas de información SIJUF y SPOA); el régimen especial de Justicia y Paz (sistema SIJYP); los procesos de Extinción de Dominio (base de datos SAGITARIO), tomando como fecha de corte abril de 2018.
Los registros de los investigadores dan cuenta de 223.282 casos identificados (100%), que corresponden, a su vez, a 280.471 indiciados y 196.768 víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
De estos hechos, 52.220 corresponden a la extinta guerrilla de las Farc (23,4%) que representan casi cuatro veces la cantidad de casos identificados para la Fuerza Pública, que llegan a 13.934 casos (6,2%). Luego se encuentran 10.164 investigaciones al Ejército de Liberación Nacional (ELN), 55.768 de las desmovilizadas Autodefensas de Colombia (AUC); 3.324 de otras guerrillas; 13.934 de agentes del Estado combatientes y 87.872 sin grupo identificado.
Cabe destacar que inventario del conflicto armado se renovará cada dos meses, en la medida que los sistemas de información sean actualizados por los fiscales y responsables de archivo.
“Retención” ilegal por parte de las Farc – EP
“Este informe retrata una de las violaciones de derechos fundamentales más cruel e inhumana que tuvo lugar en el marco del conflicto armado de nuestro país. La retención ilegal y extorsiva de personas fue recurrente a través de los años, y siguió unos lineamientos explícitos de las Farc-EP para financiar su expansión militar y potenciar su capacidad de negociación política. Fue un crimen que afectó de manera indistinta a hombres y mujeres inermes, ricos y pobres, campesinos e industriales, jóvenes y viejos, poderosos y débiles. El informe también plasma los tratos inhumanos a las víctimas, cuyo derecho a la libertad se les llegó a conculcar —en algunos casos— por varios lustros. La documentación de este crimen habrá de contribuir a hacer justicia y, por supuesto, a recrear en la memoria colectiva de la Nación hasta qué punto la privación ilícita y extorsiva de la libertad se convirtió en uno de los peores símbolos de la degradación del conflicto, y de la crueldad y deshumanización de la guerra en general”.
Néstor Humberto Martínez
Fiscal General de la Nación
La “retención” ilegal de personas fue un delito transversal a la historia de medio siglo de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). Este grupo estableció lineamientos expresos sobre su comisión y reivindicó su acción como un mecanismo de financiación, presión política y de control social.
Las Farc realizaron ocho conferencias a lo largo de su historia, en las que se definió el discurso político del grupo guerrillero, así como su estrategia militar. En lo que concierne al tema de “retención” ilegal, la conferencia más relevante fue la VII (1982), en la que se consolidó el discurso en torno a esta práctica y a los beneficios de la misma en términos de su expansión y consolidación.
Las investigaciones
La Fiscalía General de la Nación (FGN) cuenta con 6.162 investigaciones atribuibles a las Farc – EP por estos hechos, que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 procesados. Con respecto al sexo de las víctimas, 1.817 (22%) fueron mujeres y 5.933 (73%) hombres.
De otra parte, los diez (10) departamentos que concentran el 75% de investigaciones por “retención” de personas son: Antioquia, Meta, Bolívar, Córdoba, Cesar, Cundinamarca, Caquetá, Tolima, Norte de Santander y Chocó. El departamento más afectado fue Antioquia, con un 30% de las investigaciones.
La información consolidada que posee la Fiscalía General de la Nación frente a las víctimas, concluye que el grupo más afectado fue la población campesina con el 24.87%; seguido de medianos empresarios, 18.34 %; comerciantes, 13,80%; aspirantes y funcionarios de cargos públicos, 12,43%, Fuerza Pública, 8,43%.
La magnitud económica que pudo haber representado este fenómeno criminal para las finanzas del grupo guerrillero no se ha cuantificado en su totalidad. De hecho, muchos de los procesos penales no suelen reportar esta información, y ni siquiera se sabe si los familiares realizaron algún pago. Sin embargo, de acuerdo con una estimación oficial, durante el periodo 1996-2012 las Farc – EP habrían recaudado un total de $3’625.608’297.250 (Tres billones seiscientos veinticinco mil seiscientos ocho mil millones, doscientos noventa y siete mil doscientos cincuenta pesos colombianos).
Respecto a la judicialización la Fiscalía estableció 275 sentencias condenatorias proferidas contra 614 personas, incluyendo miembros del Estado Mayor Central (EMC) y del Secretariado.
Victimización a miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado
“Este informe da cuenta de un vergonzoso episodio en la vida democrática de Colombia, caracterizado por una alianza entre grupos de autodefensa y agentes del Estado que le cerró el paso en la vida política nacional a sectores emergentes de la izquierda democrática a finales del siglo pasado y frustró la consolidación, entre nosotros, del principio de representación en las corporaciones de origen popular y cuya judicialización —debe reconocerse— no ha alcanzado la importancia y significación que demandaban los oprobiosos crímenes cometidos al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Este informe debe contribuir a conocer la verdad; a superar las bajas tasas de condena obtenidas hasta la fecha y a recuperar en la conciencia colectiva de la Nación la necesidad de fortalecer el pluralismo democrático e impedir que estas expresiones de desprecio por el pluralismo, de violencia e intolerancia política, se repitan en la historia de Colombia”.
Néstor Humberto Martínez
Fiscal General de la Nación
La Fiscalía ordenó una serie de acciones judiciales para esclarecer la violencia que se presentó en contra de miembros de la Unión Patriótica durante los años de 1984 y 2016, en el que se vivió la estigmatización por parte de agentes del Estado —miembros de la Fuerzas Armadas, Policía y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)—, hacia los partidos políticos de izquierda, los movimientos comunitarios y sectores de la sociedad que fueron percibidos como extensiones de los grupos subversivos.
En dicho contexto, se tienen documentados 863 procesos en los que se identificó alguna relación entre los hechos delictivos y la militancia en la UP. Estos procesos registran 1.620 víctimas por las cuales hay 277 agentes del Estado vinculados como presuntos responsables.
Los registros muestran que el fenómeno se dio en, por lo menos, 27 departamentos y que la mayoría (59.9%) de los casos se concentraron en tres departamentos: Antioquia, Meta y Santander. Pero también se cuenta con registros de victimización en: Bolívar, Cesar, Chocó y Tolima. En el caso concreto de Bogotá, se identificó que los hechos se concentraron en contra de los dirigentes políticos nacionales, hasta candidatos a la Presidencia de la República (5.2%).
Como resultado de la investigación de la UP, se ubicaron y registraron 246 sentencias a nivel nacional. De este total, 211 (85%) son condenas que vinculan la responsabilidad de 374 personas, 68 de los cuales participaron en calidad de autores, 276 como coautores, cinco como cómplices y 25 con otro tipo de participación. Finalmente, en relación a los agentes del Estado, en estas sentencias se incluyen a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 de la Policía Nacional.
Conclusiones
Al realizar la entrega de estos informes se contribuye al conocimiento de las causas históricas del conflicto armado y se aportan elementos judiciales de alta importancia que permitirán establecer los niveles de participación de los señalados responsables y atender el clamor de las víctimas que reclaman sanción frente a las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario.