Piden esclarecer amenazas y atentados contra líderes sociales en sur del Cesar
En los últimos 7 meses, líderes sociales de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, han sido víctimas de amenazas y atentados en el sur del Cesar; sin que hasta la fecha, según denuncian, las autoridades den resultados que permitan esclarecer estos hechos e identificar a los responsables. Cuestionan además, que pese a los informes de riesgo que reposan en la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Interior, no se les haya garantizado protección.
La alarma se incrementa tras el último ataque a uno de los dirigentes sociales de esta corporación, ocurrido la madrugada de este 20 de julio, cuando Crisóstomo Mancilla, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Loro, fue víctima de un atentado con arma de fuego, siendo trasladado herido al hospital de Aguachica, donde se recupera.
Este hecho se suma a las amenazas que recibieron en mayo de este año Marina Medina, presidente de la Junta Comunal del barrio La Floresta, y José Eliécer Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Vicente de Paul, quienes de acuerdo con la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, Cordatec, se han opuesto a la venta de agua en bloque para el proyecto de fracking que adelanta en la región.
Además se relaciona la muerte del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Buenos Aires, integrante de la corporación, Carlos Augusto Mejía, hace 7 meses en confusos hechos que todavía son materia de investigación.
Señalan los líderes sociales del sur, que a pesar de una comunicación enviada el 9 de marzo a las autoridades que integran el subcomité departamental de prevención y protección, y a que en la reunión preparatoria de la mesa territorial de garantías para defensores de Derechos Humanos, realizada en abril pasado en Valledupar, informaron sobre una persecución y hostigamiento a quienes integran Cordatec, todas estas acciones permanecen en absoluta impunidad. “A la fecha no hemos conocido de ningún avance en materia de investigación ni sanción a los responsables”, precisan en un comunicado.
“Rechazamos todo acto que atente contra la vida y la integridad de las personas, más cuando suceden contra líderes sociales, y exigimos a las autoridades del nivel nacional, departamental y local, se tomen medidas urgentes y necesarias en materia de investigación, protección y garantía de nuestro legítimo derecho a oponernos a proyectos nocivos para nuestra comunidad”, puntualizaron.