‘$100 mil millones valdría la revocatoria de los 107 mandatarios cuestionados’: registrador nacional
El Consejo Nacional Electoral, inicio esta mañana de lunes dos días de una maratónica audiencia pública para escuchar a los 107 alcaldes y gobernadores y a los promotores de la revocatoria de sus mandatos, con un estimativo que hizo el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, según el cual el proceso de organización de esas votaciones tendría un costo aproximado a los $100 mil millones.
Es más, si todos fueran revocados y se requieren nuevas elecciones, la cifra se duplicaría hasta $200 millones, dijo el señor Galindo.
Advirtió que en este momento la Registraduría no tiene el presupuesto para adelantar las votaciones de revocatoria de mandato, cuatro de las cuales ya están convocadas.
La audiencia pública fue dividida en cuatro sesiones, y en cada una de ellas intervendrán 25 mandatarios cuestionados.
MUNICIPIOS EN CONTRA
El director ejecutivo de la federación de municipios, Gilberto Toro, advirtió que el procedimiento de la revocatoria del mandato ha sido mal utilizada por algunos sectores políticos, especialmente por los que pierden las elecciones.
Afirmó que se ha convertido en un instrumento para afectar la gobernabilidad de los elegidos, por parte de quienes fueron derrotados.
Calificó de «perverso» el instrumento, cuando es desvirtuado por los promotores de la revocatoria con el propósito de hacer revanchismo político.
Toro, aseguró que bien sea por la figura de la reelección, o de un aumento del periodo, se podría evitar que los mandatarios locales sean objeto de promoción de revocatorias cuando apenas están comenzando la administración.
ALCALDE EXTORSIONADO
El alcalde de Orito, Putumayo, Manuel Eduardo Ocoró Carabalí, uno de quienes se ha pedido la revocatoria, aseguró que el mecanismo constitucional de participación ciudadana está siendo utilizado por inescrupulosos, para extorsionar a los mandatarios.
Puso como ejemplo su propio caso, que según su relato, ya está en conocimiento de las autoridades judiciales, por cuanto el candidato al que derroto, a quien identificó como Phänor González, recogió firmas y después lo llamó para pedir $200 millones para alterar los pliegos de firmas y así anular el proceso.
Como se negó a dárselos, el señor González, según dijo el alcalde Ocoró, le bajo la extorsión a $100 millones.
Tampoco lo aceptó, por lo que el sujeto le bajo la extorsión a $35 millones, y después de hacer un acuerdo con la Fiscalía, montó un operativo para capturar infraganti a González, como en efecto ocurrió.
CASO DE BOGOTÁ
Uno de los procesos e revocatoria más publicitados ha sido el del alcalde Bogotá, enrique Peñalosa, quien intervino hoy en la mañana para afirmar que está de acuerdo con el procedimiento constitucional de la revocatoria del mandato, pero dentro de los imites legales y racionales para que se haga justicia con quienes incumplen los programas.
Dijo que en el caso suyo, el año 2016, el primero de su mandato, administró con el presupuesto del anterior mandatario y solamente a medianos del año, seis meses después de posesionarse, aprobó una armonización presupuestal y el concejo le aprobó el plan de desarrollo de su administración.
«Cuando el plan comenzó a operar es decir el primero de enero de 2017, comenzaron a recoger firmas con el argumento de que había incumplido el programa. Yo estoy cumpliendo el programa que le prometí a los Bogotanos, pero no se me puede decir que no lo he cumplido, menos de seis meses de entrar en vigencia», dijo el alcalde
EL COMITÉ PROMOTOR
Oscar Dueñas, abogado y representante de uno de los comités promotores de la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, depuso razones jurídicas para afirmar que el consejo electoral no puede reglamentar el procedimiento establecido en La Constitución.
«Sería suspender los derechos de los ciudadanos a participar, a cuestionar a sus autoridades, como lo contempla la carta», dijo Dueñas.
En su posición, dueñas precisó que el Consejo Electoral no tiene mandato legal para reglamentar un derecho fundamental de los ciudadanos.
Indicó que sería extraño al ordenamiento constitucional que el consejo limitara ese derecho.
DEFENSA DE PEÑALOSA
El ex magistrado de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto, dijo ante el Consejo Electoral que este organismo sí puede ejercer la facultad reglamentaria para el procedimiento de revocatoria de una autoridad.
Explicó que el alcalde, por ejemplo, no ha tenido la posibilidad de ejercer el derecho al debido proceso, porque inclusive hoy no ha sido notificado por las autoridades electorales sobre el recaudo de firmas para su revocatoria.
Además, recalcó que el consejo tiene que ver la exposición de motivos de los promotores de la revocatoria del mandato, pues están pidiendo la salida de Peñalosa porque todavía no ha construido el metro.
El propio Peñalosa le había dicho antes al consejo, que cuando él llegó a la alcaldía, el sistema de metro para Bogotá no estaba financiado, ni con estudios, y por esa razón tuvo que tramitar las partidas presupuestales para poder emprender los estudios y las obras iniciales.
También habló Plinio Olano, presidente de la Federación de Departamentos, que se opuso a la revocatoria de mandato sin reglamentación, pues estimó que se hace con propósitos politiqueros. Con CM